Con la reciente reforma, el INFONAVIT conserva su carácter tripartito, transparenta el uso de los recursos y atiende el rezago de vivienda para las personas de menores ingresos.
A pesar de la desinformación que algunos han difundido, la nueva Ley no elimina la participación de los sectores que conforman al Instituto ni reduce la vigilancia sobre el manejo del patrimonio de las y los trabajadores.
El INFONAVIT mantiene su estructura tripartita, donde participan representantes de los trabajadores, empresarios y el gobierno federal en los principales órganos: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Comité de Transparencia, la Comisión de Inconformidades y las Comisiones Consultivas Regionales.
La administración de los recursos será aún más transparente, gracias a la supervisión que ya ejercen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y los mecanismos de auditoría interna y externa.
A esto se suma la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, lo que fortalece el combate a la corrupción y garantiza la legalidad de las operaciones. La reforma representa una gran noticia para millones de familias, pues permitirá reducir el rezago habitacional mediante la construcción de al menos 500 mil viviendas de interés social en los próximos cinco años, beneficiando directamente a trabajadores con menores ingresos.
También abre la posibilidad de que jóvenes y personas de bajos recursos accedan a una vivienda digna, ya sea mediante la compra o a través de esquemas de renta con opción a compra.
Otro de los beneficios es la certeza sobre el patrimonio, ya que los recursos ahorrados en la Subcuenta de Vivienda pertenecen a cada trabajador y no pueden utilizarse para fines distintos a la adquisición o renta de una vivienda. Además, la reforma permitirá hacer justicia social al congelar cerca de 2 millones de créditos que se habían vuelto impagables para sus titulares.
Con estos cambios, el INFONAVIT se consolida como una institución con verdadero carácter social, reafirmando su compromiso de garantizar una vivienda adecuada, segura y bien planificada, porque la vivienda es un derecho, no una mercancía.
